El acceso a la docencia pública debe garantizar igualdad, mérito y capacidad. Pero también debe preguntarse qué capacidades necesita realmente una persona cuando entra en un aula.
El reglamento estatal de ingreso en los cuerpos docentes contempla la valoración de conocimientos, aptitudes, técnicas y competencia didáctica. No sería riguroso reducir el proceso a una oposición puramente memorística. Sin embargo, persiste un debate legítimo sobre el peso que reciben la comunicación, la experiencia profesional reciente, la capacidad de acompañamiento y el desempeño efectivo ante situaciones reales.
Conocer una materia es imprescindible. Saber enseñarla también. Y en Formación Profesional se añade una tercera exigencia: mantener una conexión actualizada con el sector productivo.
El reto no consiste en sustituir criterios objetivos por entrevistas arbitrarias. Consiste en diseñar pruebas más auténticas, observables y relacionadas con el trabajo docente. Seleccionar bien protege al sistema, pero sobre todo protege al alumnado. La plaza es estable. La competencia profesional también debería serlo.
